24 años de la operación Genesis, un genocidio que sigue impune en Colombia

Por  Marino Córdoba*

Imagen tomada por Jesús Abad Colorado en 1997 en Pavarandó

El pasado 11 de diciembre la Comisión de la Verdad presentó el octavo encuentro por la “verdad” en reconocimiento a la tragedia humanitaria del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, donde nuestras comunidades y víctimas narraron sus testimonios y las realidades de las vivencias en sus territorios; hablaron de cómo fueron marcadas algunas mujeres por paramilitares solo por ser negras, de desplazamientos y desapariciones forzadas, masacres, asesinatos selectivos, control social de los actores armados en los territorios étnicos, entre otros hechos, cometidos por todos los actores armados dentro del territorio colectivo; al escucharlos entendí que este dolor es colectivo como pueblo, que no solo nuestros ancestros en otrora sufrieron con la trata de esclavos, sino que esta cruel barbarie de horror se repite con sus descendientes en nuestro país.

Archivo de El Espectador

En el evento también se escucharon las versiones de los victimarios -paramilitares, guerrilla de las ex-Farc, empresarios y funcionarios públicos-, aquellos que causaron dolor, tristeza y horror con su guerra, quienes estaban protegidos con las armas o por el Estado. Los audios presentados con los testimonios de los jefes paramilitares fueron tristes, comenzando por Mancuso, quien afirmó lo que los líderes, lideresas y organizaciones de DDHH internacionales en su momento habíamos denunciado:

“Las desapariciones fueron uno de los hechos de guerra (..) que en su mayoría se extendieron y realizaron por pedido de funcionarios de instituciones del Estado colombiano, como las Fuerzas Militares y de Policía, porque las masacres que cometían los paramilitares les aumentaban los índices de estadísticas de homicidio. Y para que no contaran homicidios y muertos, pedían que se desaparecieran a víctimas”.

 

Lo que quiere decir que la mayoría de las desapariciones forzosas se hicieron por pedido de las Fuerzas Militares y que “parte del Estado” llevó a las autodefensas a pedirles que conformaran un grupo para las zonas étnicas, idea que apoyaron empresarios y ganaderos de la zona, en palabras de Mancuso «para poderse defender de supuestos ataques de la guerrilla” además, el ex jefe paramilitar dijo que “el problema también venía de la estigmatización que hacía el Estado con las listas que les entregaba a los paramilitares para señalar como objetivos a miembros de las comunidades negras, afrodescendientes, indígenas y mestizas al señalarlos como miembros de la subversión, es decir, miembros de la guerrilla y tildaban a las comunidades de flojos que no hacían absolutamente nada, sino albergar a la guerrilla en la zona”.

 

Otros como el señor Mario Zuluaga, empresario bananero condenado por la masacre de Punta Coquitos (Turbo), cometida el 11 de abril de 1988 contra 27 trabajadores afro de Sintagro, reconoció que participó en la financiación y conformación del grupo paramilitar que perpetró masacres en población civil afrocolombiana. El exalcalde Wilson Antonio Chaverra del municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia), también reconoció que acudió a los grupos paramilitares quienes actuaron contra población afrocolombiana. Los ex mandos y exjefes de las FARC-EP Rodrigo Londoño y Pastor Alape, llamaron estos hechos “errores en el proceso de lucha”. Reconocieron que el error de las Farc fue haber ejercido “un liderazgo desde una visión occidental que desde las propias realidades de estas poblaciones».

 

La Comisión de la verdad, como Entidad de Estado, tiene la difícil misión de buscar el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno, que satisfagan el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promuevan el reconocimiento de lo sucedido y la convivencia en los territorios; y así mismo contribuyan a sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera; pero esta verdad ya la hemos dicho en todos los escenarios posibles donde se han presentado denuncias sobre los hechos que nos han causado dolor; es verdad, las acciones de los actores armados tienen y han tenido el respaldo del poder ejecutivo y han actuado en nombre del Estado y en contra su población civil más vulnerable como lo son las comunidades étnicas.

 

El concepto de zonas de guerras dado a las regiones ancestrales étnicas viene del Estado y no de las comunidades; en Colombia se crearon las “zonas rojas” donde se desarrollan las hostilidades o la guerra por parte de los actores armados, a esas regiones el Estado no llegó y fueron copadas militarmente por los grupos armados; desde el punto de vista de complicidad con actores armados no se puede culpar a estas comunidades de connivencia con grupos al margen de la ley, es una responsabilidad de los gobernantes y son ellos los que deben responder hoy por el genocidio contra nuestro pueblo étnico; hombres y mujeres étnicos han sido asesinados bajo acusaciones irresponsables, dejando un gran vacío en las comunidades.

Foto de Jesús Abad Colorado tomada en Turbo

Como causas de ese abandono, discriminación política, económica y el no cumplimiento normativo, las victimas afrocolombianas recordamos con dolor los crímenes cometidos bajo una de las acciones de guerra más horrorosas, la Operación Genesis, una clara evidencia de la forma como históricamente han operado instituciones del Estado como el ejército con grupos paramilitares, contra la población étnica que ha vivido bajo merced de los violentos en territorios adjudicados a las comunidades bajo títulos colectivos.

 

La Operación Génesis tuvo dos fases, la primera inició el 20 de diciembre de 1996 con la ocupación militar y paramilitar al casco urbano del municipio de Riosucio, para entonces, tanto el ejército como los paramilitares se establecieron permanentemente en el casco urbano y compartían vigilancia antisubversiva con la policía en el municipio; decenas de personas fueron desaparecidas y asesinadas y otros tuvimos que huir para salvar la vida, se controlaba la circulación de los ciudadanos y de alimentos, se establecieron cementerios clandestinos, los habitantes y la comunidad internacional conocían lo que pasaba en Riosucio y las autoridades no, cuando ocurrieron los hechos, las comunidades hicieron las debidas denuncias, pero les cayó todo el peso de la ley, muchos fueron asesinados y desaparecidos, otros aún tienen procesos judiciales y las comunidades han sido y son estigmatizadas como colaboradoras de la guerrilla o paramilitares.

 

De la Operación Génesis se recuerda la condena contra el Estado emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando 60 paramilitares del Bloque Chocó de las ACCU ingresaron al caserío de Bijao, en la cuenca del Cacarica, en el municipio de Riosucio-Chocó los días 26 y 27 de febrero de 1997, disparando sus armas de fuego y lanzaron granadas a los techos de las casas, además de saquearlas. En este caserío, los paramilitares reunieron a los pobladores del lugar y les ordenaron abandonar su propio territorio, el que no pudo salir del pequeño pueblo fue Marino López Mena porque fue acusado de ser guerrillero, los paramilitares conocidos con el alias de “Manito” y “Diablito” obligaron a Marino a bajar cocos de una de las palmas y luego lo patearon y empujan hacia la orilla del río, uno de ellos mandó su machete al cuello de Marino López, pero atinó su hombro. Herido, Marino se lanzó al río para huir, pero los paramilitares le indicaron que “le iría peor si se iba” y por eso intentó regresar; sin embargo, estando ya en la orilla, “Manito” lo decapitó de un machetazo; luego de asesinarlo procedieron a desmembrar su cuerpo y jugar futbol con su cabeza. No valió el testimonio de los habitantes quienes aseguraban que él era miembro de esa comunidad.

 

La Operación Génesis produjo el desplazamiento forzado y la muerte de Marino López Mena, hechos que fueron inicialmente investigados por la Fiscalía General de la Nación, según la Comisión Interamericana de DDHH, la investigación preliminar inició el 19 de enero de 1999 contra el General Rito Alejo Del Río Rojas, por las denuncias de la comunidad por su acuerdo para actuar con grupos paramilitares entre 1996 y 1997, mientras fue comandante de la Brigada XVII.

 

El 21 de julio de 2001, la Fiscalía abrió investigación formal en contra del General Del Río Rojas por su responsabilidad en la comisión de varios delitos, entre ellos: concierto para delinquir, peculado sobre bienes de dotación y prevaricato por omisión; el 23 de julio del mismo año, funcionarios del CTI y de la Fiscalía capturaron al General Rito Alejo y allanaron su residencia. Sin embargo, el 4 de agosto del mismo año, el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá, ordenó su libertad argumentando la falta de competencia de la Fiscal que decretó su captura, y de los funcionarios que participaron en su detención y en el allanamiento de su vivienda; posteriormente, el 9 de marzo de 2004 el Fiscal General de la Nación emitió una resolución mediante la cual se declaró el cierre de la investigación; sin embargo, 5 años después, el 18 de febrero de 2009, la Procuraduría General de la Nación interpuso, ante la Corte Suprema de Justicia, una acción de revisión en contra de la resolución anterior. Como resultado, se ordenó la reapertura de la investigación penal contra el General Del Río Rojas. Durante los años 2009 y 2010 en el proceso se presentaron varias actuaciones como la ampliación de la declaración del General Del Río, pero éste se negó a declarar, alegando que en el proceso se le impedía ejercer su derecho a la defensa; también se presentaron varios problemas relacionados con la definición de quién era el Fiscal competente para realizar la investigación.

 

El caso fue retomado y el 23 de agosto de 2012 y un nuevo Juez profirió la sentencia condenatoria en contra del General Rito Alejo Del Río Rojas en calidad de autor mediato por dominio de una estructura organizada de poder, frente al homicidio de Marino López Mena. Adicionalmente, en el marco de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), diez desmovilizados de las autodefensas manifestaron haber participado en los hechos del presente caso. Finalmente, en junio de 2002, la Procuraduría inició los procesos disciplinarios correspondientes contra Del Río Rojas y los oficiales del Ejército Jaime Arturo Remolina, Rafael Alfredo Arrázola, Guillermo Antonio Chinome y Luis Elkin Rentería; dicha investigación fue archivada el 5 de diciembre de 2002 y se absolvió al General Del Río Rojas. El 20 de noviembre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por lo que fue conocido como la Operación Génesis, mediante Sentencia “Las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río cacarica Vs. Colombia”.  

 

En la planeación de la Operación contra las comunidades étnicas en sus territorios también participó la Fuerza Aérea Colombiana, la Operación tenía asignados ocho objetivos o lugares en el municipio de Riosucio que iban a ser atacados por la fuerza pública: Las comunidades de San José de Tamboral, la Loma, Playa Bonita, Regadero, Caño Seco, Bocas de Guineo, Teguerre, Puente América, La Nueva, y Clavellino; el ejército ordenó el taponamiento y retenes en las bocas de los ríos Salaquí, Truandó y Domingodó; la Operación contó con tres fases con el apoyo de helicópteros y misiones de apoyo Alfa, Beta y Charlie; las misiones “Alpha” consistían en ametrallamientos; las misiones “Beta” consistían en lanzamientos de bombas; y las misiones “Charlie” consistían en lanzamientos de cohetes de precisión.

Surimages

Según la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional la ejecución de la operación era una acción militar de contra insurgencia denominada Operación Génesis cuyo fin era atacar a la guerrilla, para capturar y/o neutralizar a los integrantes del Bloque José María Córdoba y la Cuadrilla 57 de las FARC; pero la verdad es que parte de las razones de dicha Operación obedecían a intereses económicos, entre ellos, a los de la Empresa Maderas del Darién, por los recursos naturales, que con la Ley 70 de 1993 pasaban a ser controlados por las comunidades negras. Antes del reconocimiento de este territorio, los permisos para extraer los recursos naturales se daban desde Bogotá porque esta región estaba bajo la definición legal de la Ley Segunda de 1959, es decir, pertenecían al Estado.

 

La empresa maderas del Darién tenía mucho interés en seguir usufructuando las riquezas naturales y aún bajo la Operación Génesis, no salió de la región. El 26 de abril de 1999, por medio de la Resolución 0841 del INCORA, se le otorgó a las 23 Comunidades Negras asociadas en el Consejo Comunitario de la Cuenca del Cacarica, el título colectivo de propiedad de un terreno baldío localizado en su territorio, ubicado en la jurisdicción de Riosucio, departamento del Chocó; en la misma Resolución se determinó que la administración del territorio colectivo, estaría a cargo de la Junta del Consejo Comunitario de la Cuenca del río Cacarica, -Ya a las comunidades del rio Truando se les había reconocido parte de su territorio, este título se dio el 13 de diciembre de 1996 y para mí, este fue el hecho que precipitó la Operación Génesis-.

 

El 2 de septiembre de 1999, el Consejo Comunitario del río Cacarica tuvo conocimiento que en los territorios titulados se estaba llevando a cabo un proceso de aprovechamiento forestal ilegal por parte de la empresa Maderas del Darién S.A., la cual no tenía permiso para realizar la explotación maderera, pero que, según la empresa, iba a realizar los trámites pertinentes ante la Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó- CODECHOCÓ; frente a esa explotación ilegal, CODECHOCÓ ordenó, días después, la suspensión de toda actividad de corte de madera en la cuenca del río Cacarica; es importante resaltar que CODECHOCÓ no hizo decomiso de la madera, que de manera ilegal había adquirido, situación que estaba dentro de sus competencias; en ese sentido, los habitantes del Río Cacarica no solo estaban sufriendo las consecuencias de la guerra, sino también el deterioro de su territorio, se conjugaba una violación a la Ley 70 de 1993.

 

Posteriormente, en junio del año 2000 varias autoridades, entre ellas el director del Parque Natural de los Katios y el Despacho del Procurador General de la Nación, denunciaron la explotación forestal en el territorio de las comunidades desplazadas que estaban en proceso de retorno; dicha denuncia la hicieron como parte del proceso de seguimiento y control de los acuerdos firmados por el gobierno nacional con las comunidades de retorno de la región. El desplazamiento forzado de los pobladores de Bijao así como el asesinato de Marino López no fueron actos aislados, sino que hicieron parte de una estrategia de consolidación paramilitar y toma de territorios; dentro de esa estrategia, se ‘utilizó’ a Marino López como medio o instrumento para obtener un fin y un objetivo específico: causar terror para lograr el desalojo de una población civil no combatiente; toda esta violencia ocasionó el desplazamiento forzado de 3.500 personas quienes tuvieron que salir huyendo, de las cuales aproximadamente 2.300 se asentaron provisionalmente en el municipio de Turbo y en Bocas del Atrato, y alrededor de 200 cruzaron la frontera con Panamá. Las demás se desplazaron a otras zonas de Colombia.

 

Algunas de las personas desplazadas se dirigieron y se alojaron en el coliseo de Turbo; sus condiciones de vida eran de hacinamiento, extrema pobreza, falta de privacidad para realizar sus necesidades fisiológicas, y poco acceso al agua, lo que se derivó en el deterioro físico y psíquico de muchas de ellas; esta situación no fue atendida por el Estado de manera oportuna y suficiente. Otro grupo se desplazó a Bocas del Atrato, a 15 kilómetros de Turbo, atravesando el golfo de Urabá y se alojaron en un salón de escuela y con familias de la localidad, finalmente, otras personas se desplazaron a pie hacia Panamá y se establecieron en campamentos en la región del Darién; sin embargo, poco después de haber llegado a Panamá, les informaron que no podían permanecer en ese país y fueron trasladadas de manera obligatoria hacia Bahía Cupica, Chocó, en la Hacienda El Cacique.

 

Las personas desplazadas siguieron siendo objeto de actos de hostigamiento, amenazas y violencia por parte de grupos paramilitares y el desprecio de las instituciones responsables. De hecho, a partir de marzo de 1997, el Estado era consciente de esa situación de inseguridad pues había sido requerido para la toma de medidas de protección al respecto; tiempo después, en febrero de 1999, un sector de las comunidades desplazadas del Cacarica, denominada “Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad”-CAVIDA se declaró como Comunidad de Paz y, luego de permanecer tres años en el coliseo de Turbo y en la hacienda El Cacique – Bahía Cupica (Chocó), comenzó el retorno a su territorio, siguiendo los acuerdos previos, que la comunidad había establecido con el gobierno nacional, los cuales contaron con el acompañamiento de una Comisión de Verificación.

 

Los acuerdos incluían la construcción de viviendas, un proyecto productivo, el “destaponamiento” de los caños y la presencia permanente de la Defensoría del Pueblo como parte de las medidas de protección que se necesitaban en la zona. Adicionalmente, el 13 de diciembre de 1999 se suscribió otro acuerdo que describe los componentes que el gobierno debía garantizar para el retorno definitivo de las comunidades a sus territorios.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

La CIDH encontró al Estado colombiano responsable de la violación al derecho a la propiedad privada definido en el artículo 21 de Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sobre este derecho a la propiedad de las comunidades habitantes de la cuenca del río Cacarica, la Corte IDH constató que la destrucción de los hogares de aquellos, fue una gran pérdida de carácter económico y de sus condiciones básicas de existencia, “lo cual hace que la violación al derecho a la propiedad en este caso sea de especial gravedad”. El Estado violó los derechos a la vida (artículo 4), a la integridad personal (artículo 5) y a la circulación y residencia (artículo 22) de la Convención Americana, la CIDH afirmó que el derecho a la vida es esencial para el ejercicio de los demás derechos. Frente a esto, los Estados deben garantizar las condiciones para que no se viole, incluyendo la obligación de impedir que las fuerzas militares atenten contra la vida de cualquier persona.  

 

Por otra parte, en relación con la muerte de Marino López en la sentencia se analizó la responsabilidad del Estado colombiano por la presencia de paramilitares en las comunidades del Cacarica, y la colaboración y coordinación entre éstos e integrantes de la fuerza pública para llevar a cabo sus actos, ya que fueron los paramilitares quienes lo asesinaron. La Corte IDH concluyó que los actos que afectaron a las comunidades de la cuenca del río Cacarica se produjeron como resultado de la colaboración entre integrantes de la fuerza pública que ejecutaron la Operación Génesis y las unidades paramilitares que llevaron a cabo la Operación Cacarica, pues era imposible que los paramilitares hubiesen podido llevarla a cabo sin la colaboración, o al menos el consentimiento de agentes estatales, o que ello hubiese ocurrido sin que se presentaran enfrentamientos con las unidades de la fuerza pública en los lugares en donde ambos cuerpos armados se hicieron presentes y tendrían que haber coincidido.

 

Por esas razones, la Corte Interamericana concluyó que los actos crueles, inhumanos y degradantes de los que fue víctima Marino López Mena eran responsabilidad del Estado por la colaboración que prestaron agentes de la fuerza pública para las operaciones de esos grupos, y por ello, había incumplido su obligación de proteger derechos como la vida y la integridad personal del señor Marino López, reconocidos en los artículos 4.1 y 5.1 y 5.2 de la Convención, así como de investigar eficazmente los hechos, en relación con la obligación general de garantía reconocida en el artículo 1.1 de la misma.

 

Por otra parte, en relación con el derecho a la circulación y residencia vale la pena recordar que el artículo 22.1 de la Convención Americana reconoce el derecho de las personas a no tener que salir forzosamente del territorio del en el cual se encuentren; así mismo, este derecho incluye la protección que tienen las personas a no desplazarse forzadamente dentro de su propio país; este derecho también implica que el Estado debe asegurar que las poblaciones desplazadas puedan regresar a sus lugares de origen, sin riesgo de que se vean vulnerados sus derechos; ahora bien, cuando en los conflictos armados internos se dan situaciones de desplazamiento sirve tener en cuenta lo que sobre este tema señala en el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra; al respecto, “el artículo 17 de este Protocolo prohíbe ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, salvo que esté en peligro la seguridad de los civiles o por razones militares imperiosas y, en este último caso, se deberán tomar ‘todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación”.

 

La CIDH encontró responsable al Estado de la violación a los derechos de garantía judicial (artículo 8) y protección judicial (artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). En relación con la violación de las garantías y protección judiciales se iniciaron diferentes procesos judiciales para investigar y sancionar a los militares implicados en la “Operación Génesis” y en la “Operación Cacarica”, las cuales duraron muchos años, sin una clara justificación para ello. Al respecto, la Corte Interamericana constató que el Estado había reconocido parcialmente su responsabilidad por la violación del principio de plazo razonable en las investigaciones internas y consideró que, en efecto, la duración de las mismas no satisfizo, en conjunto, tal principio contenido en el artículo 8.1 de la Convención.

 

La CIDH estableció medidas de reparación en favor de las comunidades, consistentes en un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos declaradas, debiendo ser acordado el lugar y su modalidad con la comunidad afectada. Como medidas de restitución la Corte Interamericana ordenó que el Estado debía restituir el efectivo uso, goce y posesión de los territorios reconocidos en la normativa a las comunidades afrodescendientes agrupadas en el Consejo Comunitario del Cacarica. En cuanto a la Indemnización para los familiares del señor Marino López Mena, la Corte ordenó que los mismos fueron afectados por a) las circunstancias particularmente crueles en las cuales Marino López fue ejecutado, y b) por el hecho que el acto se mantuvo durante quince años en la impunidad y que aún hoy sus responsables no han sido juzgados o en su caso ni sancionados. Por último, la CIDH fijó las costas y gastos por conceptos de costas y gastos en los que incurrieron los representantes de las víctimas.

 

Yo le creo a Mancuso cuando afirmó que, “parte del Estado” llegó a las autodefensas a pedirles que conformaran un grupo para la zona, idea que apoyaron empresarios y ganaderos de la zona “para poderse defender de estos ataques permanentes de la guerrilla”. Sabemos que la clase política y económica ve en el pacífico interés económicos, no ven a sus habitantes, no ven cultura, no ven tradición. Somos un obstáculo para sus riquezas, somos “el problema y somos estigmatizados por el Estado, somos “listas que les entregaban a los paramilitares para señalar como objetivos a miembros de las comunidades negras, afrodescendientes, indígenas y mestizas como miembros de la subversión, es decir, miembros de la guerrilla. También somos “comunidades de flojos que, según los representantes de las instituciones, no hacemos absolutamente nada sino albergar a la guerrilla en la zona, por ello se les denominó zonas rojas”.

 

Sin el compromiso y trabajo de las organizaciones que presentaron este caso ante la CIDH no se hubiera hecho responsable al Estado. Por ello hoy podemos hablar de este hecho tomando parte de esa Sentencia. La primera parte de este genocidio quedo impune, poco se habla y no fue denunciado ante organismos internacionales. Hoy sabemos que el Estado es responsable por crímenes contra una población étnica históricamente olvidada y que ha sido obligada a vivir en el abandono y estigmatización, lo que hace más difícil nuestra pervivencia como pueblos. La tarea del liderazgo étnico será documentar y llevar estos graves hechos ante los organismos internacionales, una vez más. Las declaraciones de Mancuso deben ser tomadas como una fuente de evidencia y esperamos se de a conocer que la clase política y económica también tiene responsabildad con la suerte del pueblo afrocolombiano porque deben entender que nosotros los étnicos somos mucho más que listas o pueblos en zonas de guerra y no solo contamos cuando ellos necesitan los votos.

 

*Marino Córdoba es sobreviviente de la Operación Génesis